La reclamación de cantidades en España

Se denomina reclamación de cantidades a un tipo de pretensión de condena dirigida, como indica su propio nombre, a reclamar a quien se demanda el cumplimiento de una obligación de dar, consistente en la entrega de cantidad de dinero determinada.

En España, a diferencia de otros países de nuestro entorno, a la hora de legislar se ha optado preferiblemente por procedimientos simplificados que suelen dar lugar, a corto plazo, a la condena del deudor a abonar el importe debido al acreedor.

Características generales

La reclamación de cantidades, siendo una de las modalidades cuya tutela puede obtenerse en el orden civil, no es una pretensión exclusiva de este orden teniendo cabida igualmente, en función de su naturaleza, en el orden laboral e incluso, en sede penal a efectos de depurar la responsabilidad civil ligada a un ilícito penal.

La deuda que vamos a reclamar judicialmente ha de reunir unos requisitos:

• Poder ser cuantificada económicamente.
• Tiene que ser una deuda vencida, es decir, ha de haber transcurrido el plazo en el que es exigible según lo pactado lo que disponga la ley.
• No puede haber prescrito (el plazo máximo de prescripción general son cinco años).

Procedimientos para la reclamación de cantidades

En España se han abierto cuatro vías de procedimiento de reclamación de cantidades:

• el procedimiento monitorio
• el procedimiento cambiario
• el procedimiento ordinario
• el procedimiento de ejecución

Por lo general, todos los procedimientos se inician en el Juzgado de primera instancia del lugar del domicilio del demandado. Si el Juzgado estima que concurren los requisitos legales, requerirá de pago a la persona deudora para que pague o se oponga a la cantidad que se le reclama.

En GO Legal Solutions, analizamos la documentación del cliente que acredita la titularidad de sus créditos frente al deudor, y en función de ello valoramos la conveniencia de interponer procesos monitorios, juicios verbales, procedimientos ordinarios, juicios cambiarios, o incluso directamente ejecuciones de títulos judiciales y no judiciales.

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